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El desarrollo de la agricultura familiar de América Latina y el Caribe será foco de análisis en Chile

El desarrollo de la agricultura familiar de
América Latina y el Caribe será foco de análisis en Chile
En una conferencia organizada por el IICA, la FAO, la CEPAL, el CIRAD y el Gobierno de Chile, especialistas de ALC analizarán las perspectivas de la agricultura familiar en la región.
San José, Costa Rica,  29 de octubre, 2014 (IICA). Este 3 y 4 de noviembre, en Santiago de Chile, autoridades del sector público, reconocidos especialistas, académicos y técnicos de América Latina y el Caribe (ALC) compartirán sus conocimientos y experiencias más relevantes en políticas y programas de agricultura familiar, con miras a fortalecer el desarrollo de esta actividad en la región.
En la Conferencia internacional: políticas públicas y agricultura familiar en América Latina y el Caribe,los participantes conocerán los mejores resultados de políticas implementadas en los países del hemisferio y analizarán las perspectivas de esta actividad productiva en el mediano y largo plazo.
Destacan entre los participantes el Ministro de Agricultura de Chile, Carlos Furche, y el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Víctor M. Villalobos.
Asistirán representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), y autoridades del sector público, formuladores de políticas, miembros de movimientos sociales y organizaciones de la agricultura familiar de ALC.
Los especialistas revisarán otras temáticas asociadas con la pequeña agricultura, como la ruralidad, el desarrollo territorial, la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria.
La cita es organizada por el IICA, la FAO, la CEPAL, el CIRAD y el Gobierno de Chile, con apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar.
La pequeña agricultura tiene un papel fundamental en la producción de alimentos básicos y en la generación de empleo en los territorios rurales.
De acuerdo con las instituciones organizadoras, en América Latina existen unos 15 millones de unidades productivas de este tipo, pero su importancia ha sido poco valorada en las políticas públicas. Esto ha influido en un aumento de la pobreza rural, lo que a su vez ha incrementado la migración hacia las ciudades, sobre todo en la población más joven.
Para el Director General del IICA, es necesario fortalecer a las familias productoras de la región por medio de la innovación y de un nuevo paradigma de agricultura que la haga más eficiente, competitiva, sustentable e incluyente.
El Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 es una iniciativa de las Naciones Unidas que procura promover políticas diferenciadas en favor de las familias campesinas de la región para mejorar su productividad y hacer de la agricultura una actividad más sostenible.

Discurso Marcos Cochón AMCHAMDR

Discurso de Marcos Cochón ante la Cámara Americana de Comercio
Almuerzo Mensual, 29 de octubre de 2014

Máximo Vidal, Presidente de la Cámara Americana de Comercio
Miembros de su Consejo
Autoridades, miembros de la Cámara, invitados…
Buenas tardes.
Introducción
Quiero dar las gracias a la Cámara Americana de Comercio en la persona de su Presidente, Máximo Vidal, por ofrecer su principal foro público a nuestra asociación: la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). Sin duda, el hecho de que en el seno de su organización alberguen un Comité de Energía da sentido a nuestra comparecencia en el día de hoy, comparecencia en la que voy a tratar de mostrar cuál es la realidad del sector eléctrico en los actuales momentos, pero en la que a la vez voy a provocar a los presentes y a los ausentes con algunas ideas que pudieran tener sentido en el marco de las acciones que necesita nuestro sector para zanjar la crisis que le afecta desde hace décadas.
Si tuviera que resumir en un párrafo mi presentación, lo haría de la siguiente manera: todas y todos las dominicanas y dominicanos anhelamos un sistema eléctrico estable, de calidad y financieramente sostenible. Estamos convencidos que esto se puede lograr a través del establecimiento de alianzas público-privadas sostenibles. Sabemos lo que tenemos que hacer. Solo nos falta la voluntad de hacerlo.
Lo que vamos a exponer hoy aquí forma parte de las ideas y de los temas que la ADIE espera presentar como aporte al Pacto Eléctrico, al cual asistiremos con la intención de provocar que el mismo se constituya en la plataforma que siente las bases para las acciones que, como país, nos permitan, en un futuro no muy lejano, contar con un sistema eléctrico estable, de calidad, financieramente sostenible y en el que interactúen, de manera organizada y previsible, reguladores independientes y productores y consumidores responsables.
En lo que el Pacto da sus frutos, los miembros de ADIE no cesamos en nuestro empeño de continuar un trabajo iniciado incluso antes de la capitalización en el sector de la generación y que, a pesar de todo lo que se dice de nuestro trabajo en tono despectivo, le ha permitido a la República Dominicana llegar a mediados de la segunda década del siglo XXI con una matriz energética más diversa, competitiva y de mayor calidad que la que existía durante las últimas tres décadas del siglo XX. Y nuestro aporte no ha sido mayor en estos últimos quince años porque las alianzas publico-privadas se han desarrollado en un ambiente incoherente, inestable e insostenible.
Para citar solo un ejemplo, el Estado dominicano ha señalado en considerandos de leyes aprobadas por el Congreso Nacional durante este mismo año que el sector privado no ha invertido respondiendo a las facilidades otorgadas, cuando ha sido el mismo Estado dominicano el que ha retrasado esas inversiones al no cumplir y no hacer cumplir las leyes. Estas leyes sobre la materia vigentes en el país establecen claramente que la inversión privada en generación debe llegar al sistema eléctrico nacional como resultado de procesos de licitación pública. Las llamadas a realizar esas licitaciones son las empresas distribuidoras, de propiedad y administración estatal. La institución llamada por ley a hacer cumplir ese mandato legal es la Superintendencia de Electricidad, la cual no ha sido capaz de llevarlo adelante a pesar de que nos consta que lo ha intentado. Desde 1999 a la fecha, las empresas distribuidoras han realizado solo dos licitaciones en cumplimiento de la ley. La primera, en el año 2001, que dio como resultado la llegada al sistema de la planta AES Andrés. La segunda, un proceso iniciado en el año 2011 que, lamentablemente, fue abortado muy próximo a su culminación y que pudo haber significado la inserción en el sistema eléctrico nacional de unos 900 MWs de generación a carbón y gas natural.
¿Cómo se pretende esperar que el sector privado invierta en nueva generación si no se convocan las licitaciones? ¿O es acaso que el mismo Estado promueve y espera que el sector privado incumpla las leyes para realizar nuevas inversiones? Ningún objetivo de política pública debe estar por encima de la ley. Y parece que eso es lo que se pretende o se ha pretendido en el sector eléctrico en los últimos quince años. Es algo para discutir y corregir en el Pacto Eléctrico, ya que ha constituido una barrera de entrada a muchas inversiones necesarias y solicitadas por todos los sectores nacionales.
No me voy a entretener mucho en la historia. Pero creo conveniente recordar y ofrecer en esta tribuna algunas informaciones que sirvan para edificarlos sobre la realidad de nuestro sector en los últimos 15 años. De manera muy concisa, en ese tiempo hemos invertido más de 2,500 millones de dólares en la construcción de nuevas plantas, reestructuración de otras, mejoras de gestión e infraestructuras, conversiones y otras labores que han transformado la matriz dominicana para hacerla menos dependiente de los derivados del petróleo. En el año 2000, el 90% de la energía del país se generaba a partir de ellos. Hoy en día, si bien la capacidad instalada sigue siendo dominada por plantas que funcionan con esos combustibles, muchas de ellas son plantas marginales o de reserva, y no entran en operación de manera continua. Como resultado de esas inversiones realizadas a través de alianzas público-privadas alrededor del 60% de la energía que se ha venido sirviendo en el país se genera con agua, gas natural, carbón y viento. Y esa reducción en la dependencia de los derivados del petróleo continuará, si las reglas del juego lo permiten, gracias a los planes que se ejecutan para aprovechar el cierre del ciclo combinado de la planta Los Mina, la conversión de plantas a gas natural y la construcción de nuevos parques eólicos. A ellas habrá que sumar las que está realizando el Estado en su proyecto de Punta Catalina, que por lo expresado últimamente por sus propios desarrolladores terminará siendo una alianza público-privada.
Mientras esto ha sucedido por el lado de la generación, por el lado de la distribución hemos tenido la siguiente situación:
1. Las pérdidas de distribución eran cercanas al 42% en 1999. Hoy en día todavía rondan el 33%.  La República Dominicana es el único país de América Latina y del mundo que no puede mostrar una mejora significativa en este indicador quince años después de haber iniciado esfuerzos para ello. Otros países lograron reducir sus pérdidas del 30% al 10% o menos en 7 u 8 años, nosotros no lo hemos hecho.
2. Los cobros como porcentaje del ingreso corriente requerido para operar habían caído del 44.3% en 1998 a 36% en 2012, y el total de los subsidios otorgados por el Gobierno Central para cubrir las pérdidas operativas de las compañías distribuidoras y para subsidiar la tarifa a todos los consumidores, han aumentado del 18% al 32% durante el mismo periodo. Todavía en 2014, las operaciones corrientes del sector se financian en un porcentaje superior al 30% mediante pagos diferidos. Como anécdota, la CREP publicó que en 1998 la CDE debía más de $600 millones a bancos nacionales y extranjeros, $100 millones a suplidores y $40 millones al Banco de Reservas. Hoy en día se mantienen montos superiores, con la diferencia de que los principales acreedores son las empresas generadoras de electricidad.
Impacto del sector en la economía
Volviendo a lo que han sido estos aproximadamente quince años de experiencia del esquema de alianza público-privada vigente desde el 1999, les quiero compartir algunos datos que refrendan los aportes al desarrollo económico del país fruto de dichas alianzas, los cuales están contenidos en un estudio de la firma Analytica, puesto en circulación recientemente. Para empezar, las inversiones realizadas han permitido incrementar la capacidad instalada de generación eléctrica en la República Dominicana en un 46%. Esto significa que en la actualidad no existe déficit de generación. A pesar de ello, solo se abastece el 85% de la demanda aproximadamente, apagones producto de una decisión del sector distribución, y no de un déficit de generación.
En segundo lugar, esas inversiones, que han traído divisas al país, a su vez han disminuido la demanda de estas, reduciendo así la presión cambiaria. También han permitido incrementar la productividad del sector en un 50%, generando un impacto positivo en la balanza de pagos y en la eficiencia y el desarrollo económicos en general.
En tercer lugar, en materia de empleo, las remuneraciones promedio del sector son casi cuatro veces superiores al promedio de la economía (RD$14,000) y tres veces a las del sector formal (RD$17,511), con salarios promedio de RD$43,000 mensuales. Mientras las remuneraciones promedio en el sector formal se han incrementado en un 47% en el período 2007 – 2012, este porcentaje fue de 83% en el sector de generación eléctrica.
También ha habido aportes relevantes en materia de impuestos directos, lo que, por otra parte, podría ser un hándicap para el desarrollo del sector. Mientras para el promedio de la economía los impuestos directos a la producción representan en promedio el 8% del PIB, este porcentaje se sitúa alrededor del 20% para el sector de generación.
Y no quiero pasar por alto otro dato relevante del estudio: las pérdidas de distribución constituyen el factor principal del déficit eléctrico, seguido del no ajuste de la tarifa. Un análisis de los diferentes indicadores de las EDEs muestra que las mayores ganancias se obtienen de la reducción de pérdidas, casi el 50%. Asumiendo una reducción de costos de generación de un 28% (reflejando la matriz actual) y una reducción de las pérdidas hasta el estándar internacional (aprox. 10%), se podría con esto eliminar el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) y las EDEs podrían tener ganancias de US$50 millones. El estudio también establece que la mejora financiera de las EDEs permitiría a la población y las empresas tener un servicio eléctrico constante y eficiente, evitando así las pérdidas de productividad asociadas a los cortes de luz.
Hay otros impactos y otros datos que pueden descargar si acceden a nuestra página web: adie.org.do o nos pueden pedir una copia del estudio y con mucho gusto se la hacemos llegar.
La realidad del sector eléctrico hoy
Hasta aquí, el pasado y algunas referencias a fechas recientes. Pero hoy, 29 de octubre de 2014, ¿qué realidad presenta el sector eléctrico? Se la cuento de manera sencilla, con datos que incluimos en nuestros informes mensuales y acumulados que están a su disposición en nuestra web.
Les resumo el panorama. Hay capacidad instalada para generar toda la energía que necesita el país, pero las Distribuidoras no la adquieren y provocan apagones por déficit en la compra de energía. En septiembre, no haber comprado 215 gigawatios/hora para satisfacer la demanda real provocó apagones. Incluso después de haberla satisfecho, hubiera sobrado energía disponible porque la capacidad instalada supera dicha demanda total.
Además, casi un 58% de la energía que se produjo se generó con fuentes de bajo costo, como el gas natural, el agua, el carbón y el viento gracias a las inversiones que han diversificado la matriz. Las pérdidas de las Distribuidoras se mantienen por encima del 30% y se producen desde el mismo momento en el que no pueden registrar en facturas toda la energía que sirven.
En cuanto al precio promedio al que las Distribuidoras adquirieron la energía que sirvieron, las autoridades sólo tienen datos disponibles para los primeros siete meses del año. Ese precio promedio de compra fue de USCent$16.77 por kWh, mientras que lo facturaron a un precio promedio de USCent$18.55, resultando del ejercicio un margen de venta de USCent$1.79 por cada kWh.
Y está ha sido la tónica en todo el año, un año en el que además se ha batido en dos ocasiones el récord de deuda de las Distribuidoras con los generadores, que a finales de septiembre superaba los 900 millones de dólares.
Mirando adelante
Creo que hasta el momento estamos claros en lo que ocurre en el sector eléctrico. Ahora la cuestión es tratar de visualizar qué puede pasar. O, mejor aún, qué podríamos hacer en el momento clave en el que nos encontramos para que lo que pase de ahora en adelante nos conduzca indefectiblemente hacia lo que todos queremos: luz eléctrica 24/7/365. ¿Y por qué digo momento clave? Porque estamos a punto de poner el cierre a los contratos renegociados en 2002 en los llamados Acuerdos de Madrid. Porque todo apunta a que hemos entrado en un ciclo de estabilidad e incluso reducción de los precios de los combustibles durante por lo menos los próximos dos años. Porque hay una sensibilidad generalizada hacia una solución definitiva del problema desde la percepción de que ya hemos tocado fondo. Porque tenemos un diagnóstico claro de la situación, el cual además ha sido difundido y sólo debemos tener voluntad para aplicar las medidas que la resuelvan.
Estamos nueva vez ante una gran oportunidad de definir la política pública que debe aplicarse para lograr el sistema eléctrico deseado, aquel en el que todo usuario consuma la electricidad que necesita y pague por ella el precio que establece el sistema para ser sostenible, sin robos, sin fraudes, sin ineficiencia de gestión, sin intervenciones de tarifa, sin subsidios generalizados que causan déficit fiscal. Un sistema en el que, a la larga, ganamos todos porque aprendemos a ser eficientes y responsables en el consumo de electricidad, porque no necesitaremos plantas ni inversores privados en nuestros hogares y empresas, porque no hay que subir los impuestos para cubrir el subsidio causado por una tarifa arreglada, porque hay una fuerte institucionalidad que da continuidad a los planes y acciones sin tener que pagar cada cierto tiempo un peaje de aprendizaje por la rotación de funcionarios… Les puedo asegurar que la calidad de vida y la competitividad de la República Dominicana mejorarían sobresalientemente en un escenario como ese.
Podemos comenzar el nuevo camino aprendiendo del pasado. Y aquí vuelvo a retomar la idea de las alianzas público-privadas para demostrarles que es una fórmula que ha aportado soluciones y las puede seguir aportando. Para justificar esta afirmación, sería bueno tomar en cuenta lo que llamamos el cumplimiento de los diez mandamientos para la sostenibilidad de la participación del sector privado en infraestructura. A saber:
  1. Obtendrás el compromiso del gobierno y el consenso político de las fuerzas políticas que den mayoría en el congreso
  2. Informarás al público del proceso a seguir, de sus ventajas y sus costos
  3. Desarrollarás la participación en un marco jurídico completo y flexible, con reglas de juego claras y transparentes
  4. Harás el proceso de asignación sin quemar etapas y seleccionarás al grupo más capacitado para la construcción, operación y financiamiento
  5. Pondrás los mejores funcionarios en los organismos reguladores, les darás independencia del gobierno y del sector privado y les darás autoridad y jerarquía igual al del sector privado
  6. Comprometerás al sector público y al sector privado en el éxito de la operación;
  7. No mezclarás objetivos sociales con los comerciales;
  8. Repartirás con justicia los costos y beneficios;
  9. Darás al sector privado los incentivos necesarios para su participación, pero solo los necesarios;
  10. No permitirás que los esquemas de mitigación de riesgos de un proyecto atenten contra el proceso de participación del sector privado.
El pasado de las alianzas público-privadas nos enseña que, gracias a haber cumplido con los mandamientos 1, 3, 4 y 9, por ejemplo, se logró incrementar la capacidad instalada, diversificar la matriz energética, reducir los costos de generación medios, y tener menor impacto ambiental. Sin embargo, al no haber cumplido los mandamientos 5, 6, 7 y 8, no se han aumentado los cobros, no se han reducido las pérdidas y se mantiene el déficit de suministro. Y por incumplir el décimo mandamiento las inversiones en generación han sido menores que las esperadas.
Nos dimos una ley general de electricidad que se cumple solo en parte y en función de conveniencias. Y el principal ejemplo de las consecuencias de dicho incumplimiento fue la decisión de las autoridades de intervenir la tarifa y establecer un subsidio que, con el paso de los años, se ha convertido en un serio problema fiscal. Se tomó la decisión de no transferir el costo real de la electricidad a los consumidores en un momento en el que el precio del petróleo era bajo. El Estado hizo un análisis de riesgos equivocado, no se quiso cubrir y acabó pagando la volatilidad de los precios de los commodities, entre ellos, del crudo.
También establece la Ley General de Electricidad un sistema de licitaciones públicas para nueva generación y para nuevos contratos en lugar del llamado sistema de propuestas no requeridas, “Non Requested Proposals”. Los miembros de ADIE siempre han estado dispuestos a participar –y de hecho han participado- en procesos transparentes y estamos ante un momento en el que habrá que hacer nuevas licitaciones para los nuevos contratos porque va a ser la mejor manera de obtener precios de energía competitivos para las distribuidoras. Sin embargo, las señales que se están enviando en este sentido no son las adecuadas.
Aprender de los errores es un buen primer paso. Les voy a hablar de otros en forma de ideas claras que me gustaría se llevaran de este foro. La primera es que llegó la hora de las decisiones contundentes, de reconocer sinceramente que las autoridades deben iniciar un proceso de cambios sin vuelta atrás de manera inmediata. No podemos seguir perdiendo tiempo y por ello venimos reclamando desde enero pasado la convocatoria del diálogo para el Pacto Eléctrico. De esa manera tendrán el respaldo adecuado de todos para alcanzar el éxito en la ejecución de los planes.
Siento ser reiterativo con esto, pero si algo se ha avanzado desde que se inició el proceso de capitalización es en generación, mediante fórmulas mixtas de alianzas público-privadas. ¿Por qué no aplicarlas también para transformar las Distribuidoras de barril sin fondo a empresas rentables?
Como ADIE vamos a promover en el Pacto Eléctrico que esta alternativa se conozca y se discuta porque, ante la situación actual de las finanzas públicas, entendemos, como entiende el Presidente Medina, que las alianzas público-privadas son la alternativa más idónea y expedita para llevar adelante los procesos de inversión y transformación que requiere el sector eléctrico dominicano.
La actual Administración ha pagado un costo de aprendizaje con el desarrollo del Proyecto Punta Catalina que debe aprovecharse en el contexto del Pacto Eléctrico. Si nuestro objetivo como país es establecer lo antes posible un sistema en el que las distribuidoras compren y paguen a tiempo toda la energía que necesitan, facturen toda la electricidad que sirvan, cobren toda la electricidad que facturen y se gestionen de manera eficiente, debemos establecer una alianza público-privada orientada a ello. Y debemos evitar los errores del pasado que han intercedido negativamente en el desarrollo de dicha alianza.
Muchas de las causas que dieron origen a las primeras alianzas publico-privadas en el sector de la electricidad todavía están vigentes: la escasez de los recursos del Estado, los déficits de las empresas de servicios públicos, la baja calidad y mala cobertura de los servicios y la necesidad de generar recursos para que el Estado pueda incrementar la inversión social y para reducir el impacto en el Presupuesto de la Nación.
La experiencia positiva de los aportes logrados por las empresas generadoras de electricidad durante los últimos 15 años, y la experiencia que vive en estos momentos el Estado dominicano para llevar adelante el Proyecto de Punta Catalina, nos llevan a la conclusión -y nos permite afirmar- que las alianzas público-privadas son una opción posible y viable para aportar mucho a la solución de la crisis histórica del sector eléctrico de la República Dominicana. 
Todas y todos las dominicanas y dominicanos anhelamos un sistema eléctrico estable, de calidad y financieramente sostenible. Estamos convencidos que esto se puede lograr a través del establecimiento de alianzas público-privadas sostenibles. Sabemos lo que tenemos que hacer. Solo nos falta la voluntad de hacerlo.
Muchas gracias.

Análisis sobre economías y negocios en el Caribe

Economías caribeñas adoptan número récord
de reformas a favor del clima de negocios,
Aún hay margen para mejorar, según informe Doing Business


Washington, D.C., 29 de octubre de 2014 — Un nuevo informe del Grupo del Banco Mundial reveló que en el último año el 50 por ciento de las economías del Caribe* implementó al menos una reforma dirigida a facilitar la actividad de empresarios locales. En total adoptaron 12 reformas, un récord histórico para la región.

Doing Business 2015: más allá de la eficiencia encontró que Jamaica tuvo la mayor mejoría en la facilidad para hacer negocios durante el año último, gracias a reformas en tres de las áreas medidas por el informe. Jamaica optimizó los requisitos para la creación de empresas, redujo el costo de obtener una conexión eléctrica y estableció nuevas oficinas de crédito, a la vez que adoptó una nueva ley de operaciones garantizadas que amplía la gama de activos que pueden ser utilizados como colateral.

Junto a Jamaica, en términos de implementación de una multiplicidad de reformas normativas, se encuentran la República Dominicana y Trinidad y Tobago. La República Dominicana facilitó el comercio transfronterizo reduciendo el número de documentos requeridos para importar y exportar, mejoró el marco normativo para la información crediticia y fortaleció la protección de los accionistas minoritarios. Trinidad y Tobago, uno de los diez países del mundo que más progresó en el informe de este año, facilitó la resolución de insolvencias mediante la introducción de un nuevo proceso de reestructuración. También fortaleció los derechos de los acreedores garantizados durante el proceso de reorganización. Y facilitó la creación de empresas mediante la introducción de sistemas en línea para registro impositivo y de empleadores. Dichas reformas suponen beneficios tangibles para los emprendedores. Por ejemplo, la creación de una empresa ahora le toma 11,5 días a un emprendedor en Trinidad y Tobago —a la par con las mejores prácticas internacionales. Ese número era de 35,5 días en 2013.

“Los emprendedores en el Caribe siguen experimentando mejoras en el clima de negocios. Con la mitad de las economías regionales realizando reformas normativas durante el pasado año, el Caribe sigue moviéndose en la dirección correcta”, dijo Rita Ramalho,  autora principal del informe Doing Business,Grupo Banco Mundial. “Sin embargo, si bien la región continúa llevando a cabo reformas, todavía hay margen para mejorar el clima de negocios”.

El informe de este año amplía la información en tres de las diez áreas cubiertas y se planea hacer lo mismo en cinco áreas adicionales el año próximo. Además, la clasificación sobre la facilidad para hacer negocios está ahora basada en la puntuación de distancia a la frontera. Una puntuación alta indica un entorno empresarial más eficiente e instituciones legales más robustas.

El informe revela que Singapur ocupa el primer lugar en la clasificación global sobre la facilidad para hacer negocios. Nueva Zelanda; Hong Kong RAE, China; Dinamarca; República de Corea; Noruega; Estados Unidos; Reino Unido; Finlandia y Australia se unen a la lista de las 10 economías con los entornos regulatorios que más favorecen a los negocios.

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* La región del Caribe incluye a las siguientes economías: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Acerca de la serie de informes Doing Business
Doing Business, un informe insignia anual del Grupo Banco Mundial, analiza las regulaciones para las empresas de una economía durante su ciclo de vida, incluyendo su puesta en marcha y operación, el comercio transfronterizo, el pago de impuestos y la resolución de la insolvencia. La clasificación global sobre la facilidad para hacer negocios se basa en 10 indicadores y cubre 189 economías. Doing Business no mide todos los aspectos del entorno empresarial que son importantes para las empresas y los inversionistas. Por ejemplo, el informe no mide la calidad de la gestión fiscal y otros aspectos de la estabilidad macroeconómica; el nivel de preparación de la fuerza laboral o la resistencia de los sistemas financieros. Los hallazgos de Doing Business han estimulado el debate sobre las políticas públicas en todo el mundo y han hecho posible la elaboración de un creciente número de trabajos de investigación sobre la relación entre la regulación empresarial y el desempeño de las diferentes economías. Cada año, el equipo Doing Business trabaja para perfeccionar la metodología y mejorar la recopilación de datos, el análisis y la producción del informe. El proyecto se ha beneficiado de comentarios por parte de diversos actores clave a lo largo de los años. El proyecto también es objeto de revisiones rigurosas para asegurar su calidad y eficacia a fin de asegurar una base objetiva para el análisis y la mejora del entorno regulatorio para las empresas alrededor del mundo. Este año se publica la decimosegunda edición de la serie global de informes Doing Business. Para obtener más información acerca de los informes Doing Business, visite: www.doingbusiness.org. Síganos en Facebook: doingbusiness.org/Facebook.

Acerca del Grupo Banco Mundial
El Grupo Banco Mundial tiene un papel fundamental en el esfuerzo global para terminar con la pobreza extrema y estimular la prosperidad compartida. Está formado por cinco instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Organismo Internacional de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Estas instituciones trabajan en conjunto en más de 100 países proveyendo financiamiento, asesoramiento y otras soluciones que permiten a los países atender los retos de desarrollo más urgentes. Para más información, visite los siguientes sitios web: www.worldbank.orgwww.miga.orgwww.ifc.org.

República Centroafricana: la actividad agrícola y la población, afectadas por la inseguridad

República Centroafricana: la actividad agrícola y la población, afectadas por la inseguridad

La agricultura, base de la economía, se ha reducido en un 46 por ciento con la crisis


29 de octubre de 2014, Roma – Los saqueos y la inseguridad en la República Centroafricana (RCA) han causado estragos en la agricultura, la ganadería y la pesca y están erosionando la capacidad de la población en todo el país para contar con alimentos suficientes, según los resultados de una nueva evaluación de los organismos de alimentación y agricultura de la ONU.
 
El informe, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ha detectado una importante disminución en la producción agrícola debido a la situación de crisis en el país africano, que ha provocado desplazamientos masivos de la población y llevado a cientos de miles de personas a huir a través de sus fronteras.
 
La producción de los principales cereales básicos y de yuca en 2014 (en equivalente de cereales) se estima en alrededor de 763 000 toneladas, según el informe de la Misión de evaluación de cultivos y seguridad alimentaria (MECSA). Se trata de un 11 por ciento más en relación a la mala cosecha de 2013, pero todavía un 58 por ciento inferior a la media 2008-2012 de antes de la crisis. También se 
señala que el sector agrícola del país se contrajo en un 46 por ciento en 2013.
 
El impacto negativo sobre la producción de alimentos se vio atenuado por la ayuda de la FAO a alrededor de 111 750 familias con el suministro de semillas y aperos antes de la siembra para apoyar la producción agrícola, acompañado de la entrega de raciones de protección de semillas por el PMA, para evitar el riesgo de consumo del material de siembra.
 
"Si bien estos esfuerzos impidieron que la situación alimentaria y agrícola se volviese aún más desesperada, necesitamos apoyo adicional para impulsar la producción de alimentos y el sector agrícola, que es el principal medio de supervivencia para muchas personas y la columna vertebral de la economía de la República Centroafricana" aseguró el Representante de la FAO en el país africano, Jean-Alexandre Scaglia.
 
En comparación con los niveles anteriores a la crisis, la cabaña ganadera habría descendido hasta en un 77 por ciento, debido a las frecuentes incursiones y el robo de ganado, mientras que el suministro de pescado se redujo en cerca del 40 por ciento, a causa de la inseguridad en las zonas pesqueras en los ríos del país y la pérdida de los aparejos de pesca.
  
Las reservas de alimentos en las zonas rurales son ahora de alrededor de un 40-50 por ciento más bajas que los niveles medios, tras los ataques recurrentes. Las familias que han perdido la mayor parte de sus activos productivos e ingresos debido a la crisis se ven obligadas a encontrar otras formas de adquirir alimentos suficientes para sus familias. Por otra parte, las interrupciones al comercio causadas por las carreteras inseguras han dado lugar a una grave escasez de alimentos de primera necesidad, con alzas de precios en muchas áreas.
 
Debido a que las fuentes de ingresos han desaparecido, las familias se han pasado a otras actividades para sobrevivir, como la recolección y venta de leña y carbón vegetal. La evaluación FAO/PMA detectó que muchas familias se saltan comidas y reducen las raciones.
 
"El PMA está especialmente preocupado por la situación de las personas desplazadas internamente (PDI) y las comunidades aisladas. Los estudios sobre el terreno muestran que alrededor de la mitad de estas familias tiene niveles críticamente bajos de consumo de alimentos y corren un riesgo elevado de malnutrición y, por tanto, dependen en gran medida de la ayuda alimentaria", advirtió el economista jefe del PMA, Arif Husain.
 
En Bangui, la capital del país, la inflación alcanzó el 12 por ciento en agosto de 2014, frente el 3,5 por ciento en enero, erosionando el poder adquisitivo de las familias. Los precios de los alimentos básicos aumentaron un 30-70 por ciento entre marzo y agosto de 2014. Entre una cuarta parte y un tercio de la población en la República Centroafricana estaban ya en situación de inseguridad alimentaria antes de la crisis, luchando por acceder a una alimentación adecuada de forma regular.
 
La evaluación de la FAO/PMA contó con el apoyo de las instituciones locales y varias ONG nacionales e internacionales del grupo de seguridad alimentaria.
 
El PMA es el mayor organismo humanitario que combate el hambre en el mundo, distribuyendo ayuda alimentaria en situaciones de emergencia y trabajando con las comunidades para mejorar la nutrición y aumentar la resiliencia. En 2013, el PMA prestó ayuda a más de 80 millones de personas en 75 países.
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lidera los esfuerzos internacionales para erradicar el hambre. La FAO ayuda a los países en desarrollo y en transición a modernizar y mejorar su agricultura, silvicultura y pesca y a garantizar una buena nutrición para todos. La FAO presta especial atención a las zonas rurales en desarrollo, donde vive el 70 por ciento de las personas pobres y hambrientas del mundo.

FotoSÍNTESIS: Pérdida de ALIMENTOS y su reutilzación...

Apreciados Colaboradores:

Queridos Amigos:

Hace un tiempo atrás (casi 2 años), compartimos con ustedes un documento publicado en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), titulado: Global food losses and food waste- Extent, causes and prevention. Del mismo elaboramos varios gráficos que compartimos a través del tiempo, tanto en la televisión como en la columna hablada radial “FotoSÍNTESIS”(*).

Dicho análisis trata acerca de cómo se desperdician los alimentos en los diferentes eslabones de la cadena que va desde la producción misma hasta el consumo final (pasando por el manejo post-cosecha, almacenamiento, procesamiento y empacado; distribución tanto a nivel mayorista como detallista), esto en todos los continentes.

Por igual nos da una visión del nivel de las pérdidas en los cereales, raíces y tubérculos; los cultivos oleaginosos, las frutas y vegetales; las carnes, pescados y productos lácteos (**).

La semana pasada la oficina de la FAO en nuestro país presentó a las autoridades nacionales el estudio titulado: “Pérdida de Alimentos en República Dominicana y Recomendaciones de Redistribución”. El mismo fue presentado por los señores Gero Vaagt, representante del organismo internacional, y Leandro Feliz Beltré, consultor de la misma.

Por considerar la importancia del tema deseamos compartir con ustedes mediante este correo el documento señalado (favor ver anexo), ya que nos ayuda a tomar conciencia acerca de la pérdida de alimentos (necesarios para el 14.7% de nuestra población que se encuentra subnutrida), por igual a la reutilización de los mismos.

Personalmente simpatizo con la idea de reenfocar el esquema operativo del Banco de Alimentos tal como lo plantea el documento en la página 28:

ü  Se sugiere un reenfoque del esquema operativo actual que tiene el Banco de Alimentos, con una labor de recogida intensiva, con mayor cobertura geográfica a través de centros de acopio en las zonas de mayor potencial de aprovechamiento de mermas, así como un sistema de distribución más adecuado al manejo de los alimentos no procesados que  sean menos perecederos.

ü  Desarrollar una campaña de comunicaciones orientada a sensibilizar a las instituciones que actualmente no participan como  donantes para que se unan al esfuerzo que está realizando el  Banco de Alimentos para llevar el pan a la mesa a quienes no lo tienen.

ü  Ampliar la conciencia de la población dominicana sobre el tema de pérdida y desperdicios de alimentos y procurar una colaboración amplia de todos los sectores y en los diferentes niveles.

ü  Establecer uno y/o varios mecanismos de colaboración y coordinación en este tema.

Esperamos que la lectura del mismo les sea de utilidad, como lo ha sido para nosotros.

Reciban de Dios todopoderoso infinitas bendiciones y mis caltelúricos saludos

Manuel Gonzalez Tejera, MDSN
(ManEGonTe)

Notas: (*) FotoSÍNTESIS se transmite diariamente a las 5:40 am (9:40 UTC) a través del Programa “El sol de la mañana” en 106.5 Fm y directamente en internet en www.zolfm.com

(**) Tanto el documento "Global food losses  and food waste", como los gráficos para televisión del mismo están a vuestra entera disposición.


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