San José, Costa Rica.

El Informe

Directorio Ejecutivo del FMI concluye la consulta del Artículo IV de 2012 con Costa RicaNota de Información al Público (NIP) No. 13/2501 de marzo 2013

El 22 de febrero de 2013, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV con Costa Rica.1
Fondo
Economía de Costa Rica ha demostrado ser resistente a los choques adversos de los últimos años. Una respuesta política proactiva, con el apoyo de un acceso de alta acuerdo stand-by con el Fondo (que expiró a mediados-2010), ayudó a Costa Rica para mantener la estabilidad macroeconómica y financiera y mitigar los efectos de la crisis financiera mundial de 2008-09 . Después de caer un 1 por ciento en el 2009, la producción se recuperó rápidamente. Real del Producto Interno Bruto (PIB) creció a un ritmo promedio de 4 ½ por ciento anual en 2010-12, mientras que la inflación se situó dentro del rango meta oficial de 4-6 por ciento.
Un aumento considerable de las entradas de capital más que compensó un modesto incremento en el déficit en cuenta corriente (estimado en alrededor de 5 ½ por ciento del PIB en 2012). El saldo resultante de los excedentes de pagos ejercido una presión fuerte apreciación de la moneda local. Las reservas internacionales netas ascendieron a EE.UU. $ 6,9 mil millones a finales de 2012 (desde EE.UU. $ 4,8 mil millones a fines de 2011), lo que refleja las grandes compras de divisas por parte del banco central y la colocación de parte del gobierno de un bono de 1 dólar EE.UU. millones de dólares en los mercados internacionales de capital a finales de 2012. A pesar de ello, la competitividad, lo que erosionó significativamente en los últimos años, puede suponer un riesgo para la estabilidad externa en el largo plazo. La reversión de esta tendencia requiere aumentar la productividad y mejorar la sostenibilidad fiscal y el mantenimiento de prudentes políticas monetarias y cambiarias.
El déficit global del sector público se quedó prácticamente sin cambios en alrededor de 4 ½ por ciento del PIB en 2012. Los esfuerzos para contener el crecimiento del gasto y fortalecer la administración tributaria continuó, mientras que la promulgación de una reforma fiscal ambiciosa aprobado por el Congreso fue anulada por el Tribunal Constitucional debido a problemas de procedimiento. La deuda del sector público consolidado se elevó a 38 por ciento del PIB a finales de 2012, frente al 27 por ciento del PIB a finales de 2008. Las autoridades están preparando un plan de consolidación fiscal que será discutido con todos los sectores de la sociedad. Una vez logrado el consenso, el plan será presentado al Congreso para su aprobación antes de que el objetivo del próximo gobierno asuma el poder en mayo de 2014.
Indicadores del sector financiero se mantuvo saludable, con niveles adecuados de liquidez y capitalización. Aunque las autoridades mantuvieron la tasa de política monetaria sin cambios, otras tasas de interés aumentaron significativamente, sobre todo durante la primera mitad de 2012. Las condiciones financieras comenzaron a ceder hacia el final del año. El crédito al sector privado se incrementó en un 13 por ciento (y / y) en términos nominales, con un mayor crecimiento en el segmento denominado en moneda extranjera.
El crecimiento real del PIB se prevé una desaceleración de alrededor de 5 por ciento en 2012 a alrededor del 4 ¼ por ciento en 2013 y se ciernen en torno a su tasa potencial estimada de 4 ½ por ciento en el mediano plazo. Ante la falta de consolidación fiscal significativa, la inflación se mantendrá por encima del de los socios comerciales, en torno al 5 por ciento, mientras que el déficit en cuenta corriente se prevé un aumento de alrededor del 6 por ciento del PIB hasta 2018.
El panorama económico es en general positivo, pero el balance de riesgos se inclinan a la baja en medio de las incertidumbres externas y los desafíos de política interna. Más débil de lo esperado del crecimiento en Estados Unidos, una crisis financiera global, o un aumento de los precios mundiales del petróleo son las principales fuentes de riesgo externo. Los riesgos también surgen de una posible reanudación de las grandes entradas de capital privado, que requieren una combinación de endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria y una mayor flexibilidad del tipo de cambio para evitar el sobrecalentamiento. Por último, la falta de consolidación fiscal daría lugar a un aumento constante de la deuda pública, lo que aumentaría la vulnerabilidad y pueden erosionar los cimientos de la estabilidad macroeconómica.
Evaluación del Comité Ejecutivo 
 Los directores aplaudieron fuerte recuperación económica de Costa Rica desde la crisis financiera mundial y las perspectivas para el crecimiento continuo favorable. A la luz de los riesgos que plantean los desafíos externos e internos, los directores hicieron hincapié en que las políticas deben orientarse a mantener la estabilidad macroeconómica, la reducción de las vulnerabilidades y aumentar el potencial de crecimiento y competitividad.
Los directores subrayaron la importancia de preservar la sostenibilidad fiscal y de la deuda y elogió los esfuerzos de las autoridades para mejorar los ingresos y contener los gastos. Sin embargo, las medidas adicionales necesarias para reducir el gran déficit público y la relación deuda-PIB. En este contexto, los directores celebraron la intención de las autoridades de volver a enviar al Congreso una propuesta de reforma fiscal que tiene por objeto la ampliación de la base tributaria, reducir las exenciones fiscales y el fortalecimiento de la administración tributaria, con el fin de lograr su aprobación en mayo de 2014, cuando la nueva administración toma oficina. Los directores también destacaron la importancia de mantener el crecimiento del gasto corriente bajo control, sobre todo en los salarios del sector público y las transferencias, al tiempo que mejora su calidad en los sectores sociales. Fortalecimiento del sistema de pensiones debe ser una prioridad también.
Los directores reconocieron que la tendencia fiscal actual es insostenible en el largo plazo, por lo que celebró el compromiso de las autoridades de la consolidación fiscal. La mayoría de los directores coincidieron en que una moderada carga frontal ajuste sería lograr un equilibrio adecuado entre hacer frente a los desafíos fiscales de Costa Rica y el mantenimiento de un crecimiento robusto. Algunos directores opinaron que las medidas de ajuste deben ser considerados a la luz de la situación de la economía política y tampoco debe poner en peligro el éxito de la Caja Costarricense del modelo socio-económico.
Directores felicitaron a las autoridades por fortalecer el marco monetario y reducir la inflación a un solo dígito. Sin embargo, dados los riesgos que plantea el régimen de tipo de cambio rígido y los flujos continuos de capital, pidieron nuevas medidas para mejorar el marco de política monetaria y cambiaria. Directores tomaron nota de la preocupación de las autoridades sobre la flexibilidad del tipo de cambio, pero generalmente se recomienda aumentar la flexibilidad del tipo de cambio, ya que permitiría un mayor uso del tipo de cambio como amortiguador. En general, los directores también consideraron conveniente el establecimiento de un objetivo de inflación como el ancla de la política monetaria para proteger la estabilidad macroeconómica. Administración en general eran de la opinión de que unas políticas fiscales y monetarias podrían complementarse, por un período limitado, a través de medidas de gestión de capital de flujo y que estos no deben ser un sustituto de ajuste macroeconómico necesario.
Directores recomendaron un mayor fortalecimiento de la supervisión y normas prudenciales del sistema financiero, y destacó la importancia de la aplicación de las recomendaciones pendientes de la actualización de 2008 del Programa de Evaluación del Sistema. También subrayó que la plena aplicación de supervisión basada en riesgos y la adopción gradual de capital de Basilea III y los estándares de liquidez más que reforzar la estabilidad del sector financiero.
Los directores alentaron a las autoridades a continuar avanzando su agenda de reformas estructurales para aumentar el crecimiento potencial y reforzar la competitividad. En este sentido, abordar problemas de infraestructura y la racionalización de la regulación empresarial deben ser las prioridades clave.

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