Defender los derechos de las comunidades a disfrutar de un entorno equilibrado y saludable, es una condena a muerte, o a sufrir un ataque de violencia por parte de sectores interesados en la explotación a veces y irracional de los recursos, y hasta por Agentes de las propias autoridades policiales de Guatemala.
Los hechos están ahí, ataques a los defensores de los Derechos Humanos que han terminado en asesinatos y personas heridas. La mayoría de los casos en que los defensores de los de los derechos medioambientales han sido atacados y hasta asesinado han sido manejado por los medios de comunicación.Todos sabemos que un aprovechamiento de los recursos naturales poco técnico, irresponsable o mal dirigido, resulta posteriormente en catástrofes naturales en la que salen perjudicados mayormente los pobladores vecinos.
Un reciente informe De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Recrea y expone los últimos acontecimientos en los que los defensores del medio ambiente han sido perjudicados en Guatemala.
Los hechos están ahí, ataques a los defensores de los Derechos Humanos que han terminado en asesinatos y personas heridas. La mayoría de los casos en que los defensores de los de los derechos medioambientales han sido atacados y hasta asesinado han sido manejado por los medios de comunicación.Todos sabemos que un aprovechamiento de los recursos naturales poco técnico, irresponsable o mal dirigido, resulta posteriormente en catástrofes naturales en la que salen perjudicados mayormente los pobladores vecinos.
Un reciente informe De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Recrea y expone los últimos acontecimientos en los que los defensores del medio ambiente han sido perjudicados en Guatemala.
Expertos condenan ataques y asesinatos de defensoras y defensores del medioambiente en Guatemala
30 de junio de 2017
Washington, D.C. – Las defensoras y defensores del medio ambiente en Guatemala enfrentan los mayores peligros a nivel mundial por motivo de su actividad en defensa del territorio y el medioambiente frente a proyectos de gran escala que amenazan su derecho a un medio ambiente sano. En lo que va de año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido información de al menos cinco ataques en contra de defensoras y defensores del medio ambiente en el país, incluidos dos asesinatos.
Según información publicada, el 17 de enero de 2017, las comunidades afectadas en Huehuetenango realizaron una protesta pacífica en contra de un proyecto hidroeléctrico en Ixquisis. Durante la protesta, hombres armados empezaron a disparar contra la multitud, hiriendo al defensor de los derechos indígenas y del territorio Sebastian Alonso Juan quien murió como resultado de las heridas. También en el contexto de una protesta, el 27 de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc, defensor de derechos indígenas y de la tierra, murió por heridas de balas mientras participaba en una manifestación pacífica que pedía a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal en El Estor, el mayor lago de Guatemala, ubicado en el departamento de Izabal, como consecuencia de actividades mineras en la zona. De acuerdo a información publicada, el uso de la fuerza por la Policía Nacional Civil, incluyendo el uso de balas de goma, municiones, bombas de gas y bombas sonoras, resultó en varias personas heridas y en la muerte de Carlos Maaz Coc.
Recientemente, según información de público conocimiento, en la tarde del 7 de junio de 2017 varias integrantes del Consejo de Pueblos K'iche' (CPK), entre ellas Aura Lolita Chávez –beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH-, fueron amenazadas, perseguidas e intimidadas por diez hombres armados no identificados mientras ella y sus colegas escoltaban un camión cargado de madera ilegal para su entrega a las autoridades locales en Santa Cruz del Quiché, departamento de K'iche. Aura Lolita Chávez y su grupo huyeron, pero los hombres las persiguieron disparando tiros al aire.“Hacemos un llamamiento a las autoridades de Guatemala para que aborden este aumento inaceptable de la violencia contra las personas defensoras del medioambiente y elaboren urgentemente una política pública para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos”, señalaron los expertos. “Esta política debe incluir la implementación de un programa de protección integral de los defensores y defensoras de derechos humanos de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana en el caso Defensores de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala y tomar en consideración los factores de riesgo específicos a los que están expuestos, entre otros, las defensoras y defensores medioambientales”, prosiguieron.
Los expertos recuerdan que los Estados deben luchar contra la impunidad de los ataques contra las y los defensores de derechos humanos mediante investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada. Asimismo, los Estados deben prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio y garantizar que en todas las circunstancias puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción.
Según información publicada, el 17 de enero de 2017, las comunidades afectadas en Huehuetenango realizaron una protesta pacífica en contra de un proyecto hidroeléctrico en Ixquisis. Durante la protesta, hombres armados empezaron a disparar contra la multitud, hiriendo al defensor de los derechos indígenas y del territorio Sebastian Alonso Juan quien murió como resultado de las heridas. También en el contexto de una protesta, el 27 de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc, defensor de derechos indígenas y de la tierra, murió por heridas de balas mientras participaba en una manifestación pacífica que pedía a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal en El Estor, el mayor lago de Guatemala, ubicado en el departamento de Izabal, como consecuencia de actividades mineras en la zona. De acuerdo a información publicada, el uso de la fuerza por la Policía Nacional Civil, incluyendo el uso de balas de goma, municiones, bombas de gas y bombas sonoras, resultó en varias personas heridas y en la muerte de Carlos Maaz Coc.
Recientemente, según información de público conocimiento, en la tarde del 7 de junio de 2017 varias integrantes del Consejo de Pueblos K'iche' (CPK), entre ellas Aura Lolita Chávez –beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH-, fueron amenazadas, perseguidas e intimidadas por diez hombres armados no identificados mientras ella y sus colegas escoltaban un camión cargado de madera ilegal para su entrega a las autoridades locales en Santa Cruz del Quiché, departamento de K'iche. Aura Lolita Chávez y su grupo huyeron, pero los hombres las persiguieron disparando tiros al aire.“Hacemos un llamamiento a las autoridades de Guatemala para que aborden este aumento inaceptable de la violencia contra las personas defensoras del medioambiente y elaboren urgentemente una política pública para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos”, señalaron los expertos. “Esta política debe incluir la implementación de un programa de protección integral de los defensores y defensoras de derechos humanos de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana en el caso Defensores de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala y tomar en consideración los factores de riesgo específicos a los que están expuestos, entre otros, las defensoras y defensores medioambientales”, prosiguieron.
Los expertos recuerdan que los Estados deben luchar contra la impunidad de los ataques contra las y los defensores de derechos humanos mediante investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada. Asimismo, los Estados deben prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio y garantizar que en todas las circunstancias puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción.
John Knox es el primer Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente designado por el Consejo de Derechos Humanos. John Knox es el Henry C. Lauerman Professor de Derecho Internacional en la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, donde enseña y escribe sobre el derecho de los derechos humanos, el derecho ambiental y la relación entre ambos.
Michel Forst fue designado Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en 2014. Forst tiene una vasta experiencia en el tema de los derechos humanos, específicamente sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Fue Presidente de Amnistía Internacional (Francia) y Secretario de la primera Cumbre Mundial sobre Defensores de Derechos humanos en 1998.
José de Jesús Orozco Henríquez se hizo cargo de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la CIDH, en la cual permaneció en calidad de Relator cuando la CIDH decidió convertir la Unidad en Relatoría en 2011. José de Jesús Orozco es investigador sobre el derecho de los derechos humanos, entre otros temas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Anteriormente fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años.
Michel Forst fue designado Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en 2014. Forst tiene una vasta experiencia en el tema de los derechos humanos, específicamente sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Fue Presidente de Amnistía Internacional (Francia) y Secretario de la primera Cumbre Mundial sobre Defensores de Derechos humanos en 1998.
José de Jesús Orozco Henríquez se hizo cargo de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la CIDH, en la cual permaneció en calidad de Relator cuando la CIDH decidió convertir la Unidad en Relatoría en 2011. José de Jesús Orozco es investigador sobre el derecho de los derechos humanos, entre otros temas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Anteriormente fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años.
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