Tres realidades regionales simultáneas que enfrentan problemas comunes. Así es la tenencia de la tierra en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe IICA FAO CEPAL del 2013.

San José, Costa Rica, 13 de febrero, 2013 (IICA). Fragmentación en México, Centroamérica y las naciones andinas, concentración en los países del Cono Sur y mayoritaria tenencia estatal en el Caribe, son las tendencias generales de la estructura de propiedad de la tierra en América Latina y el Caribe, tres dinámicas distintas pero que viven problemas comunes: degradación ambiental y antigüedad y problemas institucionales de los catastros en casi todos los Estados.
Además, la región presenta un incipiente acaparamiento de tierras, sobre todo en países grandes como Brasil y Argentina, una situación que podría acarrear un nuevo tipo de latifundio y conflictos de soberanía territorial, de acuerdo con el informe Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas 2013: una mirada hacia América Latina y el Caribe, elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Oficina Regional para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El documento explica que las compras de vastas superficies de tierra las hacen generalmente personas particulares, grandes empresas internacionales y países que desean incrementar su acceso a recursos naturales. Entre los compradores en América Latina (excluyendo al Caribe), es mínimo el alcance de las naciones del Golfo Pérsico, China, Corea del Sur e India, países que sí son los principales inversionistas del mercado de tierras en otras partes del mundo.
La tendencia predominante es que los compradores sean empresas transnacionales de la misma Latinoamérica dedicadas al cultivo de commodities o flex crops (cultivos de uso múltiple, ya sea para alimentos, forrajes o combustibles), producción forestal y servicios ambientales, turísticos y de conservación, o bien firmas que pretenden acceder a recursos mineros y energéticos.
Por el contrario, la fragmentación en México, Centroamérica y los países andinos ocurre, sobre todo, por ventas y herencias. Sobre este tema agrega el reporte: “La región cuenta con millones de pequeñas explotaciones campesinas que coexisten con medianas y grandes explotaciones, generando una estructura agraria muy heterogénea, en la que se reproduce un esquema de desigualdad en la distribución de activos que perpetúa y acentúa las brechas de productividad”.
En el informe conjunto, el IICA, la FAO y la CEPAL recomiendan a los países latinoamericanos mantener y ampliar el acceso a la tierra con especial atención a los pequeños agricultores, así como implementar políticas que les beneficien en cuanto a titulación, reparto de propiedades, asistencia técnica, riego, asociatividad, infraestructura y crédito.
Males generales
Entre las complicaciones con las que deben lidiar varios países de América Latina también destacan las tensiones entre campesinos y grandes propietarios, la reivindicación de tierras por parte de grupos indígenas, los conflictos armados y el narcotráfico.
Las ciudades también ejercen presión sobre el campo, no solo por el intenso uso del suelo, cada vez más industrial y menos agrícola, sino porque atraen con más fuerza a los jóvenes. “Las nuevas oportunidades que brindan las ciudades han generado procesos de migración de los jóvenes rurales, que se suman al envejecimiento de los jefes de hogar”, expresa el documento.
El problema del catastro, si bien es común, no tiene las mismas dimensiones en el Caribe y en América Latina. En los países continentales, el costo y la complejidad de los procesos de titulación es en parte responsable de que solo la mitad de los agricultores tengan un registro seguro de su propiedad, en tanto que en los Estados caribeños la tenencia de tierras supone un conflicto entre lo legal y lo legítimo.
En el primer caso, legal se refiere a la titulación según el marco institucional jurídico de los Estados, mientras que legítimo se relaciona con tenencias no oficiales de propiedades familiares, propiedades generacionales y ocupaciones ilegales.
“Estas formas alternativas de propiedad reflejan intentos dinámicos de los sectores más pobres de la sociedad caribeña de extender al máximo sus líneas de parentesco y su escaso acceso a la tierra, a fin de garantizar su propia seguridad alimentaria y la supervivencia intergeneracional”, explica el informe del IICA, la FAO y la CEPAL.
En el Caribe, afirma el reporte, el principal propietario de tierras es el Estado, pues las heredó de antiguos gobernantes coloniales o las compró como parte de sus gestiones de reforma agraria.
En prospectiva
De acuerdo con Perspectivas, la concentración y extranjerización de la tierra continuará en América Latina en los próximos años, aunque también se generan legislaciones e iniciativas en algunos países por regular la propiedad extranjera de la tierra. La fragmentación en el segmento campesino será la que produzca la concentración, que a su vez se manifestará en medianas y grandes propiedades.
Además, las agencias piden integrar los recursos naturales en el cálculo económico de las actividades productivas y establecer regulaciones de protección de los ecosistemas, porque consideran que se seguirá profundizando la degradación ambiental.
En el Caribe, los expertos esperan que la llegada de recursos internacionales impulse una mayor identificación de los propietarios de parcelas, aunque aún deben superarse escollos como el alto costo de la titulación, las transferencias al margen de la legalidad y el sistema tradicional de propiedad, que reconoce derechos colectivos en vez de individuales.
“La región necesita instituciones que administren los intereses públicos y privados sobre la tierra en una economía de mercado. Esto se requiere para garantizar que la zonificación ambiental, la promoción del ecoturismo, la gestión de la expansión urbana, la protección de zonas costeras y el control de la deforestación no se vean afectados por la tendencia de dejar en manos del mercado los derechos individuales sobre la tierra”, afirma el informe interagencial.